El volumen parte de la certeza estadística del aumento de la violencia, la criminalidad y su saldo tangible de muertes y desapariciones. Hace ya más de un año que México superó la cifra de 100 000 desaparecidos. Según datos oficiales, en lo que va del gobierno actual, desde diciembre de 2018, más de 150 000 personas habrían sido asesinadas.
Esta estadística infernal, que ilustra sin ambages una situación de crisis humanitaria, demanda mecanismos de memoria, justicia y verdad como los que se han intentado en países cuyas democracias surgieron de dictaduras militares o guerras civiles como las del Cono Sur o Centroamérica, a fines del siglo XX. Una zona lateral del volumen está, justamente, dedicada a cotejar esas experiencias, en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Colombia, con el México actual.
Varios de los autores y autoras, como Daniel Vázquez, Ezequiel González Ocantos, María Paula Saffon, Pablo Gómez Pinilla, Diana Isabel Güiza Gómez, Rodrigo Uprimny Yépez, Karina Ansolabehere y Leigh A. Payne, destacan el cúmulo de obstáculos que se ha interpuesto a la justicia transicional en México. Desde la negativa a crear una Comisión de la Verdad y el mediocre desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en el sexenio de Vicente Fox, hasta el desentendimiento de esta administración del proyecto elaborado por la CNDH y el CIDE, en 2019, todo parece evidenciar una falta de voluntad política para hacer frente a las masacres y sus víctimas.
Las y los colaboradores del libro reiteran que las diferencias ideológicas o políticas entre los crímenes del pasado, bajo un régimen autoritario u otro democrático, exigen por igual dispositivos de esclarecimiento de la verdad y de justicia restaurativa. A la tendencia a la opacidad en esos temas, en un gobierno como el actual, muy dado a la reafirmación plebiscitaria cotidiana, se suma una cultura extendida de la impunidad en la que confluyen los grupos criminales, la clase política, las instituciones de seguridad y las autoridades judiciales.
Algunos autores, como Carlos A. Pérez Ricart, Claudio Frausto, Luis Alfonso Herrera Robles, José María Ramos García y María de Vecchi Gerli, tratan casos concretos como el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los feminicidios de Ciudad Juárez, el papel de la DEA en la guerra contra el narco o la violencia criminal en Tijuana y otras ciudades fronterizas. En cada caso observan esa perversa colusión entre criminales, policías, funcionarios locales, estatales y federales y agentes del orden y la seguridad.
El libro coordinado por Espíndola y Serrano cierra con un ensayo revelador de Benjamin Nienass y Alexandra Délano Alonso sobre los debates, protestas e intervenciones que ha generado el Memorial a las Víctimas de la Violencia, construido en Chapultepec durante el sexenio de Felipe Calderón. Varias organizaciones de derechos humanos y víctimas de la “guerra sucia” y la “guerra contra el narco”, en los últimos años, han rebautizado el monumento como “Memorial a las Víctimas de la Violencia del Estado”.
El libro trasmite con eficacia la idea de que también en México, en democracia y con un gobierno de izquierda, no sólo sigue habiendo muertes y desapariciones sino una disputa por la memoria de los crímenes. También aquí se repite la escena vergonzosa de un Estado que no escucha a las madres buscadoras y a los familiares de las víctimas y escamotea el número de muertos.
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