Dispositivos del racismo en Cuba

En los ocasionales y fragmentarios debates intelectuales sobre el racismo en Cuba predomina un enfoque moralista y culturalista que impide una comprensión más a fondo del fenómeno. El racismo se entiende, fundamentalmente, como prejuicio, que lo es, y a quienes lo ejercen se les identifica únicamente con las élites blancas o con los jefes del Estado. Es decir, el racismo se entiende como discurso de dominio y no como relación de poder anclada en la desigualdad y como práctica jurídica de exclusión, garantizada por las instituciones y las leyes, las constituciones y los códigos del país.
En la historia de Cuba, habría, a grandes rasgos, tres dispositivos jurídicos para la práctica del racismo. El primero es el colonial-esclavista que va de la conquista y colonización hasta la primera intervención norteamericana de 1898. Se trata del entramado de leyes que aseguraron la existencia de la esclavitud hasta 1886 y la permanencia del orden colonial por cuatro siglos. Hablamos, por tanto, del dispositivo más prolongado en el tiempo y el que mayores efectos culturales y antropológicos ha tenido sobre la moral y las costumbres de los habitantes de la isla.
La segunda estructura jurídica que fundamentó el racismo en Cuba fue la liberal-republicana, que se extiende de 1901 a 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana. Ese dispositivo contó con dos constituciones, la de 1901 y la de 1940, y entre ambas, con una guerra civil-racial y una ley, la Morúa de 1910, que proscribió la asociación política de razas, al estilo del Partido de los Independientes de Color. La ley Morúa se reiteró, como es sabido, en el artículo 102º de la Constitución del 40, pero si en la primera se prohibían las agrupaciones políticas por "raza, nacimiento, riqueza o título profesional", en el segundo se restringirá más ampliamente la sociabilidad por "raza, sexo o clase".
El tercer dispositivo constitucional del racismo en Cuba es el socialista-comunista, que comienza a construirse en 1960, se codifica en 1976 y 1992 y llega hasta nuestros días. En un aspecto, el de la expansión de los derechos sociales, ese marco jurídico dilató las garantías contempladas en el texto del 40, pero en otros, como el del tema específico de la libertad de asociación racial lo acota aún más, al consagrar al Estado, y no a la ciudadanía, como sujeto primordial de derecho, y no sólo proscribir las agrupaciones políticas raciales sino las civiles, toda vez que las llamadas "organizaciones sociales y de masas" se establecen como la esfera de sociabilidad legítima.
El artículo 41º de la Constitución del 76 sancionaba legalmente la "discriminación por motivo de raza, sexo u origen nacional". Y es cierto que durante las dos primeras décadas del nuevo orden social, el avance de la igualdad produjo una mayor integración racial. Pero tras la codificación constitucional del régimen comenzó a generarse una nueva estratificación social, primero relacionada con el crecimiento de la burocracia y, luego, con la limitada incorporación del mercado a partir de los 90, que intensificó el racismo en la sociedad cubana. A los efectos excluyentes de la nueva estratificación se sumó el tabú de lo racial, fundado en la fantasía de una comunidad post-étnica, que había erradicado la discriminación racial como un "rezago del pasado".
El dispositivo constitucional vigente, como el de 1901 y el de 1940, carece de mecanismos de prevención y protección de la ciudadanía contra el racismo. Para empezar, penaliza, dentro de toda la libertad de asociación al margen del Estado, la libertad de asociación racial, básica para que las comunidades negras y mulatas ejerzan sus derechos. La raquítica estructura constitucional cubana, en términos de autonomía de la sociedad civil, la ausencia de protocolos jurídicos para la preservación de la diversidad, junto al crecimiento de la desigualdad y la pobreza, están en la raíz del rebrote de racismo en Cuba.